Época 905,
junio 21, 2002
Conscientes de que la batalla más importante en guerra contra el terrorismo tomará lugar dentro de Estados Unidos, demócratas y republicanos se unen para defender a la sociedad estadounidense de la amenaza de la violencia.
Sólo unas
semanas antes del 4 de julio, aniversario de la independencia y fecha favorita
para los ataques terroristas en las películas de Hollywood, la iniciativa del
presidente George W. Bush de reestructurar los organismos de seguridad
doméstica ha sido calificada como insuficiente y temerosa. Pese a anunciar una
ambiciosa ofensiva internacional contra el terrorismo, el presidente fue mucho
más cauto a la hora de reformular la política doméstica para combatir el
flagelo. Aunque republicanos y demócratas aprovechan cada oportunidad para
sacar ventajas electorales, especialmente cuando se aproximan elecciones
legislativas, el debate sobre cómo proteger al país de ataques terroristas
ejecutados por extranjeros y nacionales que entren o residan legalmente dentro
del territorio se ha convertido en una cuestión de verdadero patriotismo. Los
líderes de ambas cámaras han intentado forjar un consenso que permita diseñar
un plan efectivo y eficiente para evitar tener que aprender a convivir con el
temor a nuevos atentados. El temor a que los terroristas aprovechen la libertad
y privacidad, valores preciados de la sociedad estadounidense, para planear y
ejecutar nuevos atentados es una gran preocupación de la opinión pública.
Encontrar el balance adecuado entre la protección de la privacidad, la garantía
de libertad y la necesidad de evitar nuevos atentados es el gran desafío
actual.
Si el apoyo
a la cruzada internacional contra el terrorismo nunca llevó a la opinión
pública a seguir las actividades de las fuerzas de seguridad estadounidenses en
Afganistán, Pakistán, Filipinas y otros países asiáticos, la convicción de que
la batalla decisiva contra el terrorismo, y en particular contra la red Al
Qaeda, se dará dentro del territorio ha llevado a la opinión pública a demandar
la existencia de un plan ambicioso de seguridad doméstica. Tal es el consenso
de la necesidad de una reingeniería profunda de los aparatos de seguridad, que
demócratas y republicanos han ido mucho más lejos que el propio Bush en sus
iniciativas de ley. El líder demócrata del Senado, Tom Daschle, anticipó
que la nueva agencia de seguridad doméstica estará en existencia antes del 11
de septiembre del 2002. El líder de la minoría demócrata en el Congreso, Dick
Gephardt, ha insistido en que, de recuperar ellos la mayoría en la Cámara
en noviembre, la seguridad doméstica será prioridad legislativa. De acuerdo,
para Gephardt la seguridad incluye también protección a los
desempleados, programas de capacitación de empleo y mayor gasto en salud y
educación. Pero la popularidad del tema ‘seguridad’ en la agenda pública es tal
que los demócratas se esmeran en quitarle esa bandera electoral a los
republicanos que eran los que más se identificaban tradicionalmente con el
tema.
El gran
ganador con esta nueva obsesión de la opinión pública debería ser el presidente
Bush, que desde su campaña venía insistiendo en la necesidad de repensar
las prioridades de defensa. Pero la situación de Bush se ve parcialmente
complicada por la necesidad de conciliar nuevas iniciativas de seguridad con su
promesa de reducir el tamaño del estado y disminuir el gasto. El presidente que
se declaró enemigo de la burocracia estatal ha tenido que proponer la creación
de un nuevo ministerio que, inevitablemente, resultará en un aumento del
presupuesto y en la creación de nuevos puestos burocráticos. Todo esto en un
contexto de un creciente déficit fiscal. Recientemente, la oficina del
presupuesto del gobierno federal anunció que el déficit fiscal para este año
excedería los 100 mil millones de dólares, más de un 30% sobre lo estimado
originalmente. La vehemencia con que el presidente defendió su plan para
reducir impuestos antes de los atentados y la lentitud de la recuperación de la
economía estadounidense han transformado el tema del presupuesto nacional en
uno de los más costosos políticamente para Bush. Al propiciar un aumento
en el gasto, aún cuando sea para seguridad doméstica, la Casa Blanca tendrá que
diseñar una estrategia defensiva contra los ataques demócratas que saldrán a
apoyar la seguridad doméstica pero a la vez criticarán la irresponsabilidad
fiscal de los republicanos y contra los propios republicanos que se oponen a
ver crecer al aparato estatal, aún cuando se trate de seguridad doméstica.
A unos
meses de celebrarse el primer aniversario del fatídico día, más que guerra en
Afganistán, o incluso Irak, más que campañas para destruir el terrorismo de
raíz, la gran preocupación de la opinión pública estadounidense es evitar que
algo similar vuelva ocurrir. Aquellos que busquen fortalecer la seguridad
doméstica tendrán el apoyo incondicional del electorado. Ante la cercanía de
las elecciones de noviembre, demócratas y republicanos compiten por ganarse la
confianza de una sociedad que desesperadamente busca evitar tener que vivir con
el enemigo operando dentro del territorio nacional.
Aunque la
intención de derrocar a Saddam Hussein fue una de las prioridades de George
W. Bush desde la campaña presidencial del 2000, la respuesta militar a los
atentados del 11 de septiembre ofreció una oportunidad inmejorable para
llevarla a cabo. El gobierno estadounidense dio señales de que, una vez
derrocado el gobierno Talibán, las fuerzas militares del pentágono comenzarían
a preparar la guerra contra Irak. La crisis en Palestina primero y las
tensiones entre India y Pakistán después, obligaron a retrasar los planes. Pero
recientemente el presidente Bush autorizó a la CIA a iniciar acciones
para derrocar al dictador iraquí y la prensa estadounidense especula que una
campaña militar podría ocurrir incluso antes de las elecciones de noviembre.