Patricio
Navia
Época 909,
Julio 19, 2002
Olvidando
la preocupación ante posibles ataques terroristas de fundamentalistas islámicos
que por meses los consumió, los estadounidenses ahora temen el efecto negativo que los escándalos financieros tendrán en
sus ahorros, fondos privados de jubilación y en la economía en general.
Aunque el
país entero está consternado por la profundidad de la crisis financiera que
aqueja a muchas empresas estadounidenses, la mayor preocupación de las
autoridades es con la crisis de confianza que las malas prácticas contables de
muchas grandes compañías han comenzado a generar en el público estadounidense.
Después de
debacle de Enron hace unos meses, de la caída reciente de la empresa de
telecomunicaciones WorldCom y del reconocimiento por parte de una media docena
de compañías importantes de haber incurrido en trucos contables para
transformar pérdidas en ganancias y así engañar a los inversionistas para
evitar que vendieran sus acciones, las autoridades estadounidenses están más
preocupadas del efecto que estas revelaciones tendrán en inversionistas y en
los consumidores que en los crímenes financieros cometidos por muchos gerentes
de empresas que parecían más preocupados de mantener el precio de las acciones
artificialmente alto que de generar ganancias reales en sus compañías. Aunque la opinión pública estadounidense
entiende que una de las principales motivaciones para realizar estos trucos
está relacionada con los incentivos salariales y bonos en acciones que recibían
los altos ejecutivos, la lenta reacción del gobierno y la aparente oposición de
la Casa Blanca a la iniciativa demócrata en el Senado para establecer
mecanismos que garanticen la responsabilidad administrativa empresarial han
llevado a muchos a sindicar al gobierno de Bush como parcialmente
responsable del escándalo actual.
Una
reciente revelación sobre la venta de acciones de la empresa Harken Energy
Corporation por 850 mil dólares en 1990 realizada por el entonces ejecutivo de
esa empresa, George W. Bush ha complicado aún más al presidente. Bush,
cuyo padre entonces ocupaba la Casa Blanca, vendió sus acciones sólo 8 días
antes de que el informe trimestral de esa empresa indicando pérdidas hiciera
caer el valor de las acciones sustancialmente. Aunque el presidente se ha
defendido indicando que la investigación realizada por la Comisión Federal de
Valores y Seguros (SEC) no encontró ningún crimen, las revelaciones han dañado
su imagen, el propio informe de la SEC no lo exculpa completamente. Y el
presidente ha cometido el lamentable error de sugerir que no todo es blanco o
negro en el mundo de los negocios. La contradicción con su firme definición de
la lucha contra el terrorismo como una cuestión de blanco y negro sugieren la
existencia de un doble estándar.
Los
demócratas no pueden estar más contentos. Después de meses de estar marginados
de la política nacional, opacados por un presidente cuya popularidad se
mantenía alta producto de la respuesta estadounidense a los ataques de
septiembre, la crisis de Enron vino a darles un respiro temporal. Pero la
seguidilla actual de crisis en múltiples empresas, exacerbadas por la tibia
respuesta de la Casa Blanca al escándalo Enron, y las revelaciones sobre los
negocios en que se vieron involucrados tanto el presidente Bush como el
vicepresidente Dick Cheney cuando ejercían como ejecutivos de grandes
empresas de energía tienen a los demócratas haciendo optimistas cálculos sobre
los resultados de las elecciones legislativas de noviembre. Mostrando una
marcada tendencia al alza y un debilitamiento progresivo de los republicanos,
las encuestas hacen prever que los demócratas podrán recuperar el control de
ambas cámaras por primera vez desde 1994.
La crisis
de confianza en las grandes empresas afecta fundamentalmente a los
republicanos. En una encuesta de Gallup/CNN de comienzos de julio, dos tercios
de los estadounidenses señalaron que creían que las grandes corporaciones
tenían demasiada influencia en el gobierno de Bush. Y un 76% de los
encuestados estuvo de acuerdo que las corporaciones tenían demasiado poder
sobre los legisladores republicanos. La desconfianza en las grandes empresas y
negocios ha aumentado rápidamente. En la última encuesta Gallup un 38% de los
estadounidenses señaló a las grandes empresas como la mayor amenaza doméstica
para el país, por sobre el aparato burocrático o los sindicatos. Dos años
antes, esa cifra sólo alcanzaba el 22%.
No
sorprende entonces que el gobierno del presidente Bush realice un esfuerzo
gigantesco para reposicionar la amenaza terrorista como tema en el debate
público. Mientras los comités respectivos del Senado y la Cámara oían los
testimonios de ejecutivos y testigos involucrados en los escándalos, las
comisiones de seguridad y defensa analizaban el proyecto de ley del presidente
que busca la creación de un ministerio de seguridad doméstica. Las autoridades de gobierno señalaron que
existe evidencia de células de Al Qaeda que están actualmente en operación en
varias ciudades estadounidenses, como Nueva York y Chicago, y no descartaron la
posibilidad de un nuevo ataque.
Recientes
acontecimientos en Afganistán también han cautivado la atención de los
analistas. El asesinato del vicepresidente afgano Haji Abdul Qadir
recordó la fragilidad del gobierno pro-estadounidense de ese país. Las muertes
civiles causadas por un ataque de las fuerzas estadounidenses y la respuesta de
fuerzas rebeldes afganas fueron una nueva advertencia de que el conflicto en
ese país no ha terminado y de que Osama Bin Laden, el hombre más buscado
por Estados Unidos probablemente sigue escondido en las montañas afganas.
Pero la
opinión pública no ha prestado mayor atención a los sucesos de Afganistán.
Preocupados por el destino de sus ahorros y afectados por una crisis de
confianza en el propio sistema de información sobre el que se sustenta Wall
Street, los estadounidenses reaccionaron negativamente a un plan delineado por
el presidente Bush para corregir y enmendar errores. Los americanos
quieren medidas más drásticas y sanciones más severas para los ejecutivos que
incurran en estos fraudes destinados a engañar a la población. Los demócratas,
ansiosos de quitarle la iniciativa al presidente Bush, dueño y señor del
apoyo de la opinión pública en tiempos de guerra, han enarbolado la bandera de
la defensa de los americanos medios contra la avaricia y codicia de las grandes
empresas.
Si Bush no
se decide a adoptar una posición más crítica contra aquellos que resulten
responsables, pagará también un costo político. Este es el primer presidente
estadounidense cuyo título académico es un magíster en administración de
empresas (MBA).Su corta y errática carrera profesional la realizó como
ejecutivo de empresas ligadas a la energía y a proyectos que gozaban de
beneficios tributarios. Hoy, al no adoptar una posición decididamente más
crítica de los ejecutivos de empresas y las prácticas engañosas, corre el
riesgo de perder la increíble popularidad obtenida después de la respuesta
militar a los ataques del 11 de septiembre.
Si la caída de las Torres Gemelas en Nueva York le permitió elevar su
popularidad hasta las alturas, la caída de la confianza de los estadounidenses
en Wall Street terminará llevando su popularidad al piso y llevará a los
demócratas a su victoria electoral en elecciones de mitad de periodo más
importante desde 1990.
Dick
Cheney en problemas
El
vicepresidente estadounidense fue presidente de Halliburton, una compañía de
energía, petróleo y defensa, desde 1995 hasta el año 2000. La empresa, que
recientemente construyó las celdas de los prisioneros de guerra talibanes en
Guantánamo, Cuba, tuvo ventas por 12 mil millones de dólares el 2001, con
ganancias por sobre los US$ 800 millones. El New York Times informó el viernes
pasado que la empresa había aumentado sustancialmente sus contratos con el
Pentágono desde la llegada de los republicanos. Así y todo, el valor de las
acciones bajó de 36 a 13,5 dólares, después que la Comisión Federal de Valores
y Seguros iniciara una investigación sobre las prácticas contables de esa
empresa. Aunque no existen cargos contra Cheney o Halliburton, la
investigación ha sembrado dudas adicionales sobre la responsabilidad de los
ocupantes de la Casa Blanca en el escándalo financiero que hoy sacude al país.