Patricio
Navia
Revista
Capital #135, Julio 2, 2004
La
sorpresiva oposición de muchos concertacionistas a la propuesta presidencial de
automatizar la inscripción electoral y eliminar la obligatoriedad del voto
demuestra tanto una profunda contradicción con los principios libertarios que
dicen defender así como inconsecuencia con sus posturas opuestas a la
obligatoriedad del servicio militar.
La
Concertación nació articulando la justa demanda del sufragio universal como
único mecanismo legítimo para la selección de las autoridades. Fue ante la
aplastante fuerza de la dictadura que se reencontraron los demócratas para
facilitar el retorno de un sistema de gobierno legitimado por la voluntad
popular. Luego de la victoria en el plebiscito de 1988, en condiciones muy
adversas, los defensores de la democracia negociaron muchas concesiones con la
saliente dictadura y con sus apologistas para facilitar una transición
ordenada. Por eso aceptaron flagrantes distorsiones a la voluntad popular, como
los senadores designados y el sistema binominal (que garantiza casi a la
perfección un duopolio en el legislativo, independientemente de la voluntad
popular).
Después de
15 años en el poder, muchos en la Concertación han olvidado sus ideales
originales. Además de aceptar la indigna posición de senador designado y
demostrarse sólo pasivamente inconformes con un sistema binominal que les ha
permitido a los partidos controlar, casi a la perfección, los nombres de los
legisladores, muchos ahora menosprecian el objetivo de facilitar las
condiciones para el sufragio universal.
La
razonable propuesta del presidente Lagos eliminaría las barreras que han
contribuido a que más de 2,5 millones de chilenos no ejerzan su derecho al
sufragio. Aunque nada garantiza que eso vaya a aumentar automáticamente el
número de votantes, el ideal del sufragio universal se torna al menos una
posibilidad cuando todos pueden ejercer ese derecho. Con inscripción
automática, los candidatos se verán obligados a abandonar a las clientelas
cautivas que han cultivado por años para buscar agresivamente convencer a un
mercado mucho más grande de potenciales clientes. Al automatizar el proceso se
introduce un saludable elemento de incertidumbre al mercado electoral. Esa incertidumbre
necesariamente redundará en una competencia más agresiva entre candidatos y
obligará a los legisladores ya electos a trabajar más para mantener sus
trabajos después del 2005.
Naturalmente,
con inscripción automática y sufragio voluntario, la incertidumbre sobre el
comportamiento electoral de los chilenos no sólo incluirá a los que hoy no
están inscritos. Los que ya están en el padrón podrán decidir voluntariamente
entre votar y no hacerlo en cada elección. La certeza que hoy poseen los
legisladores y los partidos sobre sus mercados cautivos también se verá
negativamente afectada por la incertidumbre asociada con la eliminación de la
obligatoriedad del voto. Como nadie sabe quién terminará votando si hay
inscripción automática y sufragio voluntario, las relaciones clientelares que
hoy existen se debilitarán. El mayor dinamismo en el mercado electoral obligará
a trabajar más duro para ganarse la confianza de un electorado más numeroso y
más libre.
En ese
contexto, resulta comprensible que los legisladores, motivados por su interés
de mantener sus puestos y sus aspiraciones colectivas de proteger la gigantesca
capacidad de distorsionar la voluntad popular heredada del sistema electoral de
la dictadura se opongan a la voluntariedad del voto. Pero al ser incapaces de
enunciar públicamente sus verdaderas razones, argumentan que la votación es un
deber y no un privilegio. Además de cuestionable, ese argumento es
contradictorio con las posturas libertarias que mantienen hoy en otros temas de
alto interés público. Lamentablemente, la loable oposición de muchos
legisladores concertacionistas al servicio militar obligatorio es inconsecuente
con la defensa que concurrentemente hacen de la votación obligatoria. Para ser
consecuentes con sus posturas a favor de una mayor libertad de los individuos
debieran, además de favorecer la voluntariedad del servicio militar, abogar
también por la voluntariedad del voto. Al no hacerlo, no sólo avergüenza su
oposición a otorgar mayores libertades y derechos a las personas sino que
también exaspera la evidente contradicción en que caen sus interesadas posturas
cuando las disfrazan de argumentos objetivos en defensa de posturas
antilibertarias y excluyentes.