Bibliotecas presidenciales

Patricio Navia

Revista Capital #152, marzo 24, 2005

En la medida que se consolida y profundiza, nuestra democracia también requiere niveles crecientes de transparencia y apropiada documentación para garantizar mejor calidad, mejores mecanismos de control y mayor capacidad para aprender de errores del pasado y corregir falencias anteriores. Un mecanismo útil para contribuir a esos objetivos es la creación de bibliotecas presidenciales donde se almacene toda la información relevante a cada administración presidencial que tenga el país.

Las llamadas presidential libraries de Estados Unidos almacenan todos los registros históricos de cada presidencia. En existencia desde 1940, cuando el presidente F. D. Roosevelt inauguró una biblioteca, construida con fondos privados en el estado de Nueva York, cuyo objetivo era almacenar todos los documentos producidos durante su gobierno. La iniciativa entusiasmó del tal forma que su sucesor, Harry S. Truman, construyó su propia biblioteca con fondos privados al dejar la Casa Blanca en 1953. En 1955, el congreso estadounidense aprobó la ley de bibliotecas presidenciales, estableciendo que éstas serían construidas con fondos privados y mantenidas con fondos públicos. Una nueva ley en 1978 hizo obligatorio que todos los documentos producidos por la presidencia fueran eventualmente de acceso público, pudiendo ser depositados en las bibliotecas presidenciales de cada administración. Salvo Richard Nixon, los últimos 11 presidentes estadounidenses (los demócratas Roosevelt, Truman, Kennedy, Johnson, Carter y Clinton, y los republicanos Hoover, Eisenhower, Reagan y G. H. Bush) tienen sus bibliotecas presidenciales. Después de haber sido construidas con fondos privados, estas pasan a estar bajo el control de la Administración de Archivos y Registros Nacionales (NARA), un organismo del gobierno federal. Por cierto, la NARA (http://www.archives.gov/presidential_libraries/) también administra todos los archivos públicos del gobierno de Richard Nixon, aunque hay también una fundación encargada de la biblioteca privada del renunciado ex presidente.

En Chile, nuestra reconocida tradición legalista lamentablemente no ha sido acompañada por una igualmente encomiable tradición de mantener en lugares accesibles todos los documentos públicos que pudieran ser relevantes para historiadores e investigadores. Si bien en el país existen fuentes de almacenamiento de documentos oficiales, el acceso a las mismas es a menudo difícil y engorroso. Muchos de los encargados de administrar archivos sienten que su tarea es obstaculizar, más que facilitar y promover, el acceso a los documentos. Peor aún, una buena parte de los documentos producidos durante las administraciones presidenciales pasadas son lisa y llanamente destruidos cuando se termina el gobierno.

Es cierto que gracias a Internet, el acceso a la información de gobierno se ha facilitado. Pero todavía constituiría una tarea dantesca intentar acceder a todas las cartas que recibió Patricio Aylwin durante los 4 años que estuvo en la presidencia. Quien quiera averiguar la cantidad de días que algún presidente ha estado fuera del país, o la cantidad de veces que cada presidente ha visitado una comuna específica de Chile simplemente no podrá hacerlo a través de una accesible búsqueda en documentos oficiales. Para qué hablar de otros documentos que pudieran haber tenido influencia en decidir ciertas políticas públicas o iniciativas de gasto presupuestario. La falta de transparencia que resulta del ineficiente sistema de acceso a documentos oficiales y registros de los gobiernos anteriores debilita los mecanismos de control que eventualmente debe ejercer la sociedad civil sobre las autoridades. Ya que a menudo resulta difícil acceder a documentos oficiales para comparar el desempeño de diferentes administraciones, la opinión pública no posee suficientes elementos para evaluar adecuadamente a sus gobiernos.

La combinación de recursos públicos y privados que ha ensayado exitosamente Estados Unidos representa un buen modelo a seguir para diseñar un mecanismo que nos permita preservar todos los documentos producidos durante las administraciones recientes del país. Mejor aún, si logramos reproducir el interés de las bibliotecas presidenciales de Estados Unidos por promover y difundir estos documentos para el uso de investigadores y del público en general, habremos subido un peldaño más en este esfuerzo por convertirnos en una democracia consolidada, respetada y admirada por su transparencia, seriedad y valoración de su propia historia.