Padres ausentes

Patricio Navia

Capital, #154, abril 22, 2005

El 12% de los niños nacidos cada año en Chile legalmente no tiene padre conocido. A menos que fortalezcamos la paternidad responsable—con adecuada educación, incentivos selectivos y ejemplares penas—será muy difícil que logremos superar como sociedad el flagelo de la pobreza y la desigualdad de oportunidades.

En reciente visita a Nueva York, la diputada María Antonieta Saa, que ha defendido diversos temas de mujeres (que son en realidad temas de todos), explicaba que cada año alrededor de 34 mil niños nacidos en Chile son inscritos en el Registro Civil sin que se identifique la identidad de los padres. En total, alrededor de 1 millón de menores de 18 años no tiene un padre oficialmente identificado en el Registro Civil. La incidencia de pobreza entre estos niños es mayor que en el resto de la población y sus posibilidades de éxito en la vida son menores.

Es cierto que muchos de esos menores saben quiénes son sus padres biológicos. Pero ya sea porque el padre se niega a reconocer a su hijo o porque la madre no insiste en que realice el reconocimiento legal, un considerable número de chilenos vive oficialmente con el estigma de no tener (legalmente) padre conocido. Pese a avances recientes, nuestra legislación aún no protege adecuadamente los intereses de los hijos frente a padres irresponsables. Por cierto, las atribuciones de patria potestad que tiene un padre—en caso de muerte o incapacidad de la madre—llevan a algunas mujeres a preferir que los padres de sus hijos no reconozcan a sus hijos, para así asegurarse que éstos no tengan que abandonar la familia materna. Pero en la mayoría de los casos, se trata de hombres que rehuyen de las obligaciones económicas, sociales y éticas que implica traer a un hijo al mundo. Las uniones de hecho que proliferan en nuestro país y las familias extendidas que transforman a abuelos, tíos o padrastros en padres de hecho para miles de niñas y niños chilenos representa una respuesta improvisada e inevitable a las falencias de la institucionalidad legal que persisten en nuestro país. Pero ya que la incidencia de pobreza es mayor en hogares liderados por mujeres y entre niños con padres ausentes, la promoción de la paternidad responsable se convierte en una cuestión de bien público. Mientras más padres reconozcan legalmente a sus hijos biológicos habrá menos incidencia de pobreza infantil. Mientras mejores sean las disposiciones que los obliguen a los padres a asumir la responsabilidad por el cuidado de sus hijos, más preocupación existirá para evitar embarazos no deseados.

Ahora bien, avances recientes han mejorado sustancialmente el marco legal. La Ley de Filiación, que declaró iguales a los hijos legítimos e ilegítimos, representó un avance sustancial. Pero las complicaciones que muchas madres todavía tienen para lograr que los padres reconozcan a sus hijos ha seguido representando un problema. Una comisión mixta (Diputados y Senadores) del Congreso ha acordado una nueva ley que establece que el examen de ADN basta para determinar la maternidad y paternidad. Pero todavía existen discrepancias respecto a la obligatoriedad de este examen en demandas de reconocimiento paternal. De acuerdo a algunos, obligar al demandado a un examen de ADN viola la presunción de inocencia de las personas. Una visión alternativa razonable sugiere que la obligatoriedad de un examen de ADN (pagado por el fisco o por la parte demandante) representa un costo mínimo en relación al gigantesco beneficio que resulta establecer la veracidad de la acusación.

Por cierto, aunque la tendencia natural es pensar que este es un problema asociado exclusivamente con la pobreza, esta situación es también recurrente en sectores más acomodados, donde muchas madres solteras optan por no insistir en el reconocimiento de los hijos para evitar que el patrimonio de éstos—en caso de muerte de la madre—quede parcialmente en manos de los ausentes padres biológicos que nunca se dieron la tarea de ir a reconocer sus hijos al Registro Civil.

Aunque en los colegios aprendemos que Bernardo O’Higgins, el libertador de la patria, era también hijo ilegítimo, no resulta ni atractivo ni conveniente poseer esta condición. La realidad del siglo XXI chileno nos obliga a mejorar aún más nuestra legislación—y a aplicarla con celo—para promover no solo la igualdad entre hijos legítimos e ilegítimos sino también establecer incentivos y castigos selectivos para lograr reducir sustancialmente el número de niños chilenos que oficialmente no tiene padre conocido.