Piñera y la transparencia

Patricio Navia

Revista Capital, #158, junio 17, 2005

La decisión de Sebastián Piñera de financiar su campaña con fondos propios ha generado críticas desde la Concertación hasta la UDI. Desde iniciativas para crear fideicomisos ciegos hasta acusaciones de compra de votos, el abundante uso de recursos personales del exitoso empresario invita a discutir la complicada relación entre el dinero y la política. Pero más que legislar una ley para regular las actividades de Piñera, deberíamos valientemente transparentar el influyente papel que tiene el dinero en la política.

Históricamente, la Concertación y la Derecha han tenido distintas posturas respecto al papel del dinero en la política. Mientras la coalición de gobierno ha intentado establecer límites a los gastos e introducir financiamiento público para las campañas, la Alianza ha buscado evitar la utilización de recursos públicos en campañas. Pero ninguna coalición ha abogado con la misma fuerza por introducir mayor transparencia en la forma en que se financian las campañas electorales y la política.

El celebrado acuerdo del 2003 entre el gobierno y la UDI permitió al gobierno introducir financiamiento público parcial a las campañas municipales y legislativas (no a las presidenciales), aunque no logró introducir límites reales a los gastos. Pese a que se avanzó en introducir mayor transparencia, las municipales del 2004 dejaron claro que la relación entre el dinero y la política sigue siendo un hoyo negro. Ya que ni la Concertación ni la Alianza la han convertido en prioridad legislativa, la transparencia no ha sido uno de los logros de las iniciativas legislativas aprobadas recientemente.

Ahora que Piñera entró a la carrera presidencial, la Concertación y la Alianza han vuelto a demostrar su poca preocupación por la transparencia sobre los orígenes de los fondos de campaña. Porque la evidencia abunda sobre los limitados recursos con que cuenta su comando, Michelle Bachelet ha insistido en pedir límites de gastos. Además de depender del trabajo voluntario de muchos adherentes—y no pocos funcionarios públicos—Bachelet confía en que su popularidad personal, los altos niveles de aprobación del gobierno, la buena situación económica y la selectiva intervención del ejecutivo (que está financiando proyectos emblemáticos en diversas comunas) le ayuden a contrarrestar los abultados gastos de los otros candidatos. Pero, así como ocurrió con Frei y Lagos cuando eran candidatos, existen comprensibles sospechas de que el comando de Bachelet terminará recibiendo dineros públicos (en forma directa o triangulada) para ayudar a financiar su campaña.

Por su parte, Joaquín Lavín ha denunciado que Piñera está gastando cuantiosos recursos en regalos a diferentes organizaciones, insinuando que esto constituye una forma de cohecho. Pero Lavín está en campana hace años, apoyado por un activo y bien financiado equipo de asesores y con cuantiosos recursos (donde la Fundación La Vaca compite con la piñerista Fundación Futuro en apoyar encomiables proyectos que, no obstante, pueden también ser vistos como cohecho disfrazado). De hecho, los impresionantes recursos que ha invertido Lavín en su larga campaña presidencial probablemente superan largamente—al menos hasta ahora—a los que ha invertido Piñera en su intento por llegar a La Moneda.

Como sólo el que esté libre de pecado puede tirar la primera piedra, tendría mucho más sentido hoy abocarnos a introducir legislación que transparente el origen de los fondos de campaña que a seguir con esta seguidilla de cuestionamientos sobre quién paga las campañas de cada candidato. Es cierto que la transparencia no basta. Permitir que un millonario utilice sus cuantiosos recursos para financiar su propia campaña representa un atropello al principio de igualdad de oportunidades (que, por cierto, el electorado bien pudiera castigar rechazando a Piñera). Pero el desigual acceso a los medios de comunicación, la utilización de recursos públicos para apoyar a un candidato, y hasta el superior atractivo físico o intelectual de un candidato nos recuerda que todos buscan aprovechar sus ventajas a la hora de hacer campañas. Más que introducir límites (imposibles de implementar) a los gastos de campaña, y en forma adicional a proveer fondos públicos a todos los candidatos (a través de la franja de TV pero también con dinero), la transparencia en el financiamiento de las campaña debiera ser la primera prioridad ahora que el congreso se apresta a legislar la que terminará llamándose Ley Piñera.