Voto de chilenos en el exterior

Patricio Navia

Capital, #164, septiembre 9, 2005

Otorgar el derecho a voto a los chilenos que residen en el exterior actualizaría nuestra constitución, poniéndola a la altura de las democracias modernas. Mejor aún, permitiría que nuestro discurso de país globalizado demostrara con hechos una concepción incluyente y ambiciosa de ciudadanía. Aquellos que se oponen a la iniciativa de otorgar derechos ciudadanos a los expatriados demuestran tanto su incapacidad de superar el doloroso pasado de enfrentamientos políticos como su incomprensión de la dirección que ha tomado la noción de ciudadanía en el mundo desarrollado.

El reciente informe Chilenos en el exterior publicado por la Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior (Dicoex) de Cancillería y el INE (http://www.ine.cl/noticias/2005/agosto/pdf/enfoque160805.pdf) señala que hay 858 mil chilenos residiendo fuera del país. Ya que el 43% de ellos son nacidos fuera, la reforma constitucional recientemente aprobada les permitirá adquirir la nacionalidad por el sólo hecho de avecindarse en Chile. Pero aunque corrigió una enorme injusticia, dicha reforma no se hizo cargo adecuadamente de otras falencias de nuestro marco legal respecto a los chilenos que residen en el extranjero.

La oposición activa de parlamentarios de derecha, y no pocos de la Concertación, echó por tierra una iniciativa que otorgaba el derecho a voto a los chilenos expatriados. Argumentando que sólo aquellos que son afectados directamente por las decisiones de las autoridades debieran votar, varios parlamentarios se opusieron a ampliar el sufragio universal. Aunque algunos sospecharon un injustificado temor a un supuesto voto izquierdista del exilio chileno (la mitad de los expatriados chilenos residen en Argentina, y sólo un 14% en Europa), una concepción retrógrada de nacionalidad frenó la idea de incorporar a los chilenos que viven fuera.

La concepción excluyente de ciudadanía no reconoce la importancia económica, social y cultural que tienen los nacionales que viven en otros países. Ya que muchos de ellos tienen lazos crecientes con familiares en sus países de origen y otros se aventuran a realizar negocios e inversiones en sus tierras natales, las decisiones que ocurren en los países que ellos consideran suyos sí les afectan directamente. Más aún, la decisión de extender los brazos a los compatriotas que viven fuera debiera estar alimentada también por la necesidad de crear lazos con comunidades en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. En vez de verlos como una amenaza potencial, nuestros gobernantes debieran ver a las comunidades de chilenos expatriados como embajadores voluntarios que, inevitablemente, influencian las ideas que se tienen del pueblo chileno en los lugares donde ellos viven.

La idea de definir ciudadanía de una forma más incluyente -que incorpore a los compatriotas que no residen en el país- es relativamente reciente. Por cierto, Chile nunca otorgó ese derecho a sus expatriados antes de 1973. En Estados Unidos, una reforma aprobada en 1975 otorgó el derecho a voto a sus ciudadanos que residen en el exterior. En la actualidad, entre un 31 y un 38% de ellos ejerce ese derecho (esa cifra incluye al personal militar, cuya tasa de participación alcanza el 70%). Gran Bretaña extendió ese derecho a sus expatriados a mediados de los 80. Italia lo hizo en 1993. Incluso Irak permitió a sus expatriados votar en las elecciones del 2004.

En América latina, Colombia, El Salvador, Perú, y más recientemente República Dominicana, han extendido el derecho a voto a sus ciudadanos expatriados. Incluso México, país que tiene aproximadamente el 10% de su población residiendo fuera, optó por hacerlo (aunque resulta improbable que se puedan establecer los mecanismos para hacerlo efectivo en las presidenciales del 2006). Por lo demás, gozar del derecho al voto no implica que todos decidan ejercerlo. En la última contienda presidencial en República Dominicana, sólo votaron 30 mil de los más de 700 mil dominicanos que viven fuera del país, pese a que el candidato ganador, Leonel Fernández, creció en Nueva York, donde vive la mayoría de los dominicanos expatriados.

Hoy, mientras celebramos la promulgación de esta monumental reforma constitucional, no debiéramos olvidar que quedan tareas pendientes para actualizar nuestro marco legal y ponerlo a la altura de los estándares de las naciones democráticas modernas. La extensión del derecho a sufragio a los chilenos residentes en el exterior debiera ser una prioridad entre las reformas constitucionales pendientes.