Patricio Navia
Revista
Capital #177, abril 7, 2006
En su
última entrevista a un diario antes de abandonar La Moneda, el Presidente Lagos
reflexionó sobre la posibilidad de establecer un periodo presidencial de 4 años
con re-elección. Aunque la idea evidentemente tiene méritos (varios países
presidencialistas con democracias estables tienen ese sistema), al discutirla
debiéramos repensar más cuidadosamente los poderes y atribuciones constitucionales
del Presidente, del congreso y los pesos y contrapesos que existen entre ambos
poderes.
En Estados
Unidos, donde los periodos de 4 años con una sola re-elección son la norma
constitucional desde hace más de 60 años, los presidentes dedican buena parte
de su primer periodo a construir las bases y plataformas de sus campañas de
re-elección. Pero el ejecutivo estadounidense tiene menos poderes y
atribuciones que su homólogo chileno. Además de que los gobernadores y
autoridades de los 50 estados federales se eligen democráticamente, el presidente
estadounidense no tiene la capacidad de controlar la agenda legislativa, tiene
menos influencia en la forma en que se aprueba el presupuesto e incluso necesita
de la aprobación del Senado incluso para nombrar sus ministros y
subsecretarios. El delicado balance de poderes entre el ejecutivo y el
legislativo permiten a este último constituirse en un poderoso contrapeso a los
afanes re-eleccionistas del mandatario
estadounidense. Si bien ganar la Casa Blanca continúa siendo el premio mayor de
la democracia estadounidense, los premios de consuelo del Congreso y de los
gobiernos estatales no son para nada despreciables.
En Chile,
en cambio, la Constitución otorga al ejecutivo tanto poder que el legislativo queda
reducido a un actor de veto que puede obstruir, pero no re-direccionar,
las prioridades legislativas del ejecutivo. Los parlamentarios no controlan la
agenda legislativa ni pueden presentar proyectos de ley que impliquen gasto
público. Además, las prerrogativas del Presidente incluyen el poder para nombrar
y remover ministros, subsecretarios, embajadores y muchos jefes de servicio. Y
aunque la centralización fiscal tiene efectos positivos, la centralización
política que resulta del poder del presidente para nombrar intendentes
regionales y gobernadores provinciales resultaría muy útil a la hora de
construir la plataforma para la re-elección presidencial. De hecho, el
académico estadounidense Peter Siavelis
ha sugerido (The President
and Congress in Post-Authoritarian Chile) que nuestro sistema es fuertemente
presidencialista, pero que los presidentes son moderados. La introducción de la
re-elección presidencial inevitablemente crearía incentivos para terminar con
esa moderación. La preocupación con la re-elección llevaría al ejecutivo a usar
sus poderes al máximo para ganar un segundo periodo. Aún los mandatarios más
respetuosos de los pesos y contrapesos aprovecharían sus atribuciones
constitucionales para mejorar sus posibilidades de salir re-electos.
Ahora que
nos preparamos para abordar el último tema pendiente de la transición, el
sistema electoral, también corresponde empezar a consensuar la agenda de las
próximas reformas que nos permitan ajustar nuestro sistema político a las
cambiantes necesidades y desafíos del mundo actual. Porque siempre podemos
aprender de las experiencias vividas, nuestro sistema político debería
evolucionar hacia mejores equilibrios que nos permitan fortalecer lo bueno y
corregir lo malo. Aunque históricamente algunos han sugerido avanzar hacia un
sistema parlamentario, sería menos riesgoso y más sabio redefinir primero, e
incrementalmente, el balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo.
Antes de
dejar el poder, el presidente Lagos dejó planteada la discusión sobre una
reforma que permita la re-elección por una sola vez, emulando el sistema
estadounidense y también siguiendo el ejemplo de Brasil y Argentina. Ahora
tenemos una inmejorable oportunidad para abordar el más profundo y
significativo debate sobre los pesos y contrapesos que debieran existir entre los
poderes del estado. El sistema institucional debiera estar diseñado para
facilitar la gobernabilidad así como para permitir representatividad en el
gobierno de ganadores y perdedores en las elecciones. Porque podemos corregir
errores y desajustes que eventualmente constituyan amenazas a la estabilidad
democrática, debiéramos redefinir los poderes y atribuciones del ejecutivo y
del legislativo para hacer nuestra democracia más estable, madura, eficiente y
flexible a los siempre cambiantes desafíos de este mundo que evoluciona más
rápido que las instituciones democráticas.