A dios rogando…
Patricio Navia
Capital #178,
abril 21, 2006
El éxito de la
democracia chilena actual se debe en buena parte a la actitud responsable de
nuestra clase política. Pero ahora que nos preparamos a conmemorar los 18 años
de la celebración del plebiscito que puso fin a la dictadura, más que sumirnos
en aires complacientes, debemos entender que para seguir teniendo éxito,
nuestra democracia necesita reformas que aseguren que la clase política siga
siendo responsable en el futuro. No hay mejor mecanismo para asegurar la
calidad de la democracia que introduciendo incentivos de libre mercado que
faciliten y promuevan la competencia entre las coaliciones y partidos políticos
que existen en Chile.
En una América
Latina donde reina la inestabilidad social y política alimentada por la
exclusión y la persistente desigualdad, Chile ha constituido una feliz
excepción en los últimos dieciséis años. La consolidación democrática ha
avanzado de la mano del crecimiento económico. Las tímidas políticas de
distribución de la riqueza se han diseñado en forma responsable para que un
estado pequeño y musculoso aproveche los todavía limitados—pero eficientemente
utilizados—recursos públicos. Pero los grandes acuerdos que facilitaron y
pavimentaron la transición a la democracia están ya agotados. Los hombres de la
transición están pasando a retiro y la promoción de consensos forjados en los
secretos pasillos de la elite no son una fórmula que funcione en una sociedad
que quiere cada vez más transparencia.
Por eso, debemos
diseñar reformas a nuestras instituciones democráticas que faciliten y
promuevan la construcción de consensos y a la vez fortalezcan el control de los
ciudadanos sobre sus representantes. Una popular forma de inducir el consenso
en América Latina durante los 60 y los 70 fueron los llamados gobiernos de
unidad nacional (consoassociational democracies). Los acuerdos de elite que aseguraban la
división y la alternancia de poder fueron el modelo favorito en Colombia y
Venezuela por décadas. Pero la exclusión que generaba ese sistema y la
inevitable formación de una clase política oligopólica
y temerosa de la competencia terminaron por agotar el modelo.
En una sociedad
que reconoce el libre mercado como la mejor herramienta para asignar recursos,
las reformas políticas que se necesitan hoy debieran incluir mayores incentivos
para generar competencia entre los diferentes actores, y también mecanismos anti-monopolios y anti-oligopolios.
Porque a la hora de escoger a sus representantes, los ciudadanos enfrentan desafíos
similares a los consumidores cuando adquieren productos y servicios, nuestras
instituciones políticas tienen que incentivar la competencia. Los propios
partidos debieran ser los más interesados en demostrar transparencia en la
forma en que se autogobiernan. Las asimetrías de información que
inevitablemente existen entre los votantes y la clase política se deberían
reducir con incentivos para que sean los propios partidos los que
voluntariamente entreguen información sobre si mismos—y sobre la forma como
votan sus senadores y diputados—a todos los interesados. Desde los procesos de
elección interna de los partidos hasta su financiamiento (y no solo en épocas
de campaña), la transparencia contribuirá a mejorar el control que pueden
ejercer los ciudadanos sobre los partidos políticos.
Mejor aún, el
sistema electoral debería facilitar no sólo la gobernabilidad y la representatividad,
sino también la competencia. En un mercado competitivo, una farmacia que vende
un tercio de los remedios no debería por qué quedarse con la mitad de las
ganancias. Lo que funciona en el mercado de los remedios, los celulares o las
ventas de supermercado también debería funcionar en el más importante y
trascendental mercado de los votos. Ahora que se ha iniciado la temporada de
nuevas propuestas de reforma institucional, bien correspondería a aquellos que
creen en el mercado insistir en la necesidad de que la democracia chilena
incorpore más competencia para así mejorar la calidad de la política.
Como sociedad
debemos estar agradecidos a nuestra clase política que ha sabido ser responsable, promoviendo el consenso sobre
las divisiones y poniendo los intereses del país sobre las preocupaciones
partidistas. Pero como mientras a Dios rogamos, con el mazo damos, en la medida
que aprovechemos la bonanza actual para introducir reformas que promuevan y
faciliten la competencia entre las coaliciones y los partidos existentes,
habremos también comprado un seguro que garantice el éxito futuro de nuestra
democracia.