El síndrome Transantiago

Patricio Navia

Revista Capital, #209, 27 de julio de 2007

Después de los traumáticos problemas de diseño e implementación del Transantiago, el gobierno parece convencido de que es mucho mejor no adoptar reformas que correr el riesgo de hacerlo mal. Por eso, en los próximos dos años, el país deberá acostumbrarse a que la iniciativa política sea tímida y las grandes reformas que anunció Bachelet devengan en pequeños y deslucidos ajustes.

Más que la abandonada paridad de género, las caras nuevas, la democracia participativa o las protestas estudiantiles de 2006, el Transantiago es hasta ahora el principal legado de Bachelet. Este ambicioso proyecto revolucionario de políticas públicas que aspiraba a cambiarle la cara a Santiago terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza que ha paralizado al gobierno. Además de los conflictos que han producido las veladas críticas entre los que diseñaron el sistema bajo el gobierno de Lagos y los que lo implementaron bajo Bachelet, el Transantiago también ha desnudado las crecientes grietas programáticas y tácticas en la Concertación. Las agendas personales se han visto potenciadas toda vez que la propia Bachelet nunca pareció entender la importancia de esta revolucionaria transformación. Después de irse de vacaciones para su inauguración, Bachelet intentó deslindar responsabilidades sugiriendo que en realidad ella hubiera preferido no adoptar la reforma. Los adversarios del titular de Hacienda Andrés Velasco—hasta entonces el más poderoso de los ministros del gabinete—aprovecharon la ocasión para intentar derribarlo. Un cambio de gabinete de por medio y 5 meses después, el Transantiago sigue representando el más claro síntoma de los problemas de conducción política de La Moneda y de control de agenda del gobierno de Bachelet.

Los problemas no empezaron con el Transantiago, pero esa crisis los agravó. Si hasta febrero La Moneda creía que podía dejar una huella indeleble en la sociedad después de estos cuatro años de gobierno socialista (Bachelet alguna vez declaró que el gobierno de Lagos fue más bien neoliberal), ahora se ha impuesto la tesis de hacer lo menos posible para no volver a dejar una embarrada. Esa actitud, por cierto, ya la habíamos empezado a ver en ciertas dependencias públicas. Los escándalos de corrupción en el MOP primero y en Chiledeportes después han frenado muchos otros programas de intervención focalizada. Nadie quiere ser el centro del próximo escándalo. La institucionalidad medioambiental, dividida entre aquellos que idolatran la ecología y los que creen más en el desarrollo económico, se ha convertido en un freno a la inversión mucho más que en un filtro que permita separar lo bueno de lo malo.

Adicionalmente, la correcta preocupación con la eficiencia y efectividad del gasto público también ha puesto un freno a varios proyectos que estaban en etapa de planificación. La decisión de no construir el puente que uniera el continente con la isla de Chiloé constituyó una señal poderosa a favor de la eficiencia en el gasto. Pero también representó un claro cambio de prioridades. A partir de ahora es mejor no realizar un proyecto que correr el riesgo de que la mala gestión y la creciente corrupción aumenten demasiado los costos. Con esa lógica de eficiencia, nos habríamos evitado el inminente escándalo de las cárceles concesionadas, pero tampoco tendríamos reforma procesal penal ni muchas obras concesionadas. El lema del gobierno parece ser que mientras menos cosas se hagan, menos posibilidades de provocar escándalos.

Si bien esa postura es comprensible, es también profundamente dañina y contraproducente. La Moneda debe entender que su desafío es liderar, introduciendo cambios y reformas que permitan al país competir mejor en un mundo globalizado, que incentiven la inversión y el desarrollo, que sean conducentes a la creación de empleo y que, con programas focalizados, contribuyan a aminorar los costos para los perdedores, los más pobres y aquellos en posición de vulnerabilidad.

Pero el síndrome Transantiago tiene a La Moneda, y al resto del gobierno, paralizado. La esperanzas radican en que la economía ande bien—por lo que algunos datos recientes sobre inflación y confianza de los consumidores han despertado mucha preocupación—y que las divisiones al interior de la Alianza faciliten una nueva victoria concertacionista en 2009. Pero la idea de que el cuatrienio de Bachelet vaya a dejar un legado positivo, claro y permanente parece haberse convertido en la primera y principal víctima del fallido intento por reformar el transporte capitalino. Más que transformar el país, el gobierno de Bachelet ahora sólo espera poder evitar que la gente vuelva a asociar a los socialistas en el poder con largas colas de espera y con una equívoca intervención estatal en el mercado.